La Fiscalía solicitó la suspensión temporal del cargo del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y el resto de los funcionarios activos en la UAS.
Esto es la solicitud de la revisión de las medidas cautelares correspondiente a la causa penal 918/2023, por el supuesto delito de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público, por la supuesta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas.
Milton Ayala, defensor de Jesús Madueña Molina, interpuso un recurso de incompetencia al considerar que este tribunal no tenía competencia para seguir conociendo de esta causa penal, ya que le es concerniente a un juez federal y la Fiscalía General de la República.
Dicho recurso fue rechazado por el juez Carlos Alberto Herrera al considerarlo improcedente ya que al ser vinculados a proceso quedó establecido la calidad de los imputados como servidores públicos estatales.
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Tras la denegación de este recurso, el juez otorgó un receso de 30 minutos a petición de la defensa de los imputados para imponerse a las 20 fojas recibidas en las últimas horas.
Tras el receso, la defensa de los universitarios interpuso un recurso de revocación en contra del acto mediante el cual se fijó la fecha de esta audiencia, al no establecer la causa que daba pie a la revisión de las medidas cautelares, pero el juez consideró improcedente el recurso.
El Ministerio Público solicitó la revisión de las medidas cautelares del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y a los funcionarios activos Jorge Pérez Rubio, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Manuel de Jesús Lara Salazar y Oscar Orlando Guadrón, en atención a que la Universidad Autónoma de Sinaloa no ha entregado la información solicitada por la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía solicitó la suspensión temporal del cargo de los imputados al considerar que están obstaculizando el procedimiento legal, al negarse a otorgar información de importancia para la investigación, la cual ha solicitado en reiteradas ocasiones mediante diferentes oficios.
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Además, consideran que pueden destruir, ocultar, modificar o falsificar documentación relacionada con la investigación, e influir en el desahogo de testimonios relacionados con la UAS que serán llamados a declarar.
Tras la solicitud del Ministerio Público, José Ramón Bonilla Tojas, asesor jurídico de la UAS, y los representantes legales de la Casa Rosalina, Robespierre Lizárraga Otero y Yamir de Jesús Valdez Álvarez, señalaron que esta medida sería en detrimento de la propia universidad, ya que viola la autonomía universitaria y el autogobierno, debido a que solo el Consejo Universitario puede destituir y nombrar al rector y el Contralor de la UAS.
Tras esto, el juez de control otorgó un receso de dos horas para realizar la comida y al regresar, los universitarios podrán defenderse.
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