Las manifestaciones contra la reforma judicial en México ya no son un tema local. Hoy, lo que sucede en el país tiene eco a nivel internacional, especialmente entre los socios comerciales más cercanos.
En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Comité de Comercio Exterior ha expresado su preocupación sobre el impacto que esta reforma podría tener en los acuerdos comerciales entre ambos países.
Preocupación por acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá
Adrian Smith, presidente del Subcomité de Comercio Exterior, destacó la importancia de que los acuerdos comerciales sean aprobados por el Congreso y reflejen los valores estadounidenses. Durante una reciente sesión, mencionó que “los acuerdos deben brindar oportunidades reales para los productores estadounidenses, reducir aranceles y fortalecer la aplicación de las normas comerciales”, dejando en claro que la reforma judicial mexicana podría afectar estos principios.
Una carta firmada por los congresistas fue enviada a Katherine Thai, representante comercial de Estados Unidos, solicitando explicaciones sobre cómo esta reforma podría impactar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque Thai reconoció la importancia del tema, señaló que hasta ahora no ha sido un enfoque prioritario, pero que se concentrarán en ello.
El presidente del Comité de Comercio Exterior incluyó esta carta en el récord de acciones del Congreso, reflejando la magnitud de la preocupación. En la Bolsa de Nueva York, donde se maneja gran parte del flujo financiero internacional, el impacto de lo que ocurra con el T-MEC es crucial, dado que el intercambio comercial entre México, EE. UU. y Canadá supera los 1.8 millones de dólares por minuto.
Lloyd Doggett, del Comité de Medios y Arbitrios, también destacó la necesidad de asegurar un acuerdo comercial sólido en el hemisferio. Ahora, la secretaria de Comercio Exterior de EU tendrá que explicar ante el Congreso cuál será la posición del gobierno de Joe Biden respecto a la reforma judicial mexicana, que podría afectar los más de 227 mil millones de dólares invertidos en México por empresas estadounidenses.
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