Estudiantes de la UAS piden no parar las clases por procesos legales de la universidad

En medio del proceso legal que atraviesa la UAS, estudiantes se manifiestan en contra de la amenaza de paro, pidiendo no afectar la educación que esperan recibir

Ernesto Gutiérrez
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Tras la manifestación de hace unos días, en la que trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), frente a la Fiscalía General del Estado, amenazaron con paralizar las actividades en la Casa Rosalina si el rector Jesús Madueña Molina era separado de su cargo, una contramanifestación surgió para exigir que no se interrumpan las actividades escolares.

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Estudiantes y maestros realizaron una contra manifestación dentro de Ciudad Universitaria, en la que se mostraron en contra de la amenaza de paro, al asegurar que la situación legal de la UAS y de su rector no debería afectar la educación de los universitarios y alumnos de bachillerato.

“Es una amenaza que, la verdad, no debería de ser porque no deben atentar contra la educación de los estudiantes. Nosotros nos hemos manifestado aquí con el debido respeto, pero bajo nuestra responsabilidad, sin tener que afectar a ninguna persona”, expresó Octavio Mata, estudiante de la Facultad de Derecho de la UAS.

Estudiantes de la UAS exigen clases y salida del rector
Fuerza Informativa Azteca

“Amenaza y chantaje” son las manifestaciones de la UAS, dicen maestros

Los maestros consideran que no hay razones para suspender clases y afectar a los miles de estudiantes del nivel medio superior y superior. El maestro de la carrera de Psicología, José Arturo Nevárez, calificó como “chantaje” la amenaza de suspender actividades en la UAS:

“Yo creo que no hay ninguna justificación ni ningún elemento para paralizar la institución, toda vez que se tienen todas las condiciones y los recursos para seguir funcionando”, dijo.

“Es una amenaza y un chantaje que no van a cumplir, y lo puedo predecir a partir de esta sustitución que acaban de hacer del secretario general”, comentó al referirse al nuevo nombramiento de Robespierre Lizárraga, quien también enfrenta un proceso legal, y quien fungía como director de Asuntos Jurídicos antes de la renuncia de Gerardo Alapizco.

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