La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión este miércoles despenalizar el aborto en todo México , al considerar que el sistema jurídico que penaliza la interrupción del embarazo viola los derechos humanos de mujeres y de personas gestantes en el país.
Lo anterior a una semana de que en Aguascalientes se legislara para permitir el aborto legal y seguro en el estado. A nivel nacional, esta decisión unánime del máximo tribunal obliga a las diferentes instituciones de salud en el país, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a otorgar el servicio de forma gratuita, e indica que ningún médico o paciente será criminalizado por este.
Fueron los ministros de la Primera Sala, Alfredo Gutiérrez, Arturo Zaldívar y Juan Luis González Alcántara, quienes impusieron la mayoría para ordenar la derogación de la penalización del aborto, tal como sucedió la semana pasada en el estado de Aguascalientes.
Los otros dos ministros, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también se posicionaron en favor a la despenalización del aborto, logrando unanimidad, pero estos no estuvieron de acuerdo con los alcances de esta decisión.
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Según el Código Penal Federal, en sus artículos 330 al 333, la interrupción voluntaria del embarazo se penaba hasta con cinco años de prisión, incluso en el caso de quienes abortan luego de una violación.
La Primera Sala de #LaCorte resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
— Suprema Corte (@SCJN) September 6, 2023
¿Qué pasará con quienes se encuentren en la cárcel por abortar?
La despenalización del aborto, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene efectos retroactivos, es decir, aquellas personas que se encuentren en prisión o sujetas a un proceso por abortar, recuperarán su libertad al ser ahora el aborto legal en todo el país.
“Obligar a una persona gestante a soportar el embarazo producto de una violación perpetúa una situación de discriminación estructural que responde al estereotipo de que a ellas les corresponde la función primordial de procrear, aun cuando la concepción se haya dado como producto de una agresión sexual perpetrada en su contra”, declaró la ministra Margarita Ríos Farjat.
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