Una vez más se difirió la audiencia para revisión de medidas cautelares por el caso de abuso de autoridad cometido en contra del servicio público, en el que se imputa a Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa separado temporalmente del cargo, y Robespierre Lizárraga Otero, actual responsable del despacho de rectoría de la UAS.
Durante el inicio de la audiencia, el representante legal de la UAS, Yamir de Jesús Valdéz Álvarez, solicitó al juez de control, Carlos Alberto Herrera, que se respetará el debido proceso y se nombrará a asesores jurídicos de la UAS, esto luego de que el Juzgado Segundo de Distrito considera un amparo en el que reconoce a la Casa Rosalina como víctima.
Al respecto, el juez señaló que no había recibido el resolutivo por lo que la petición era improcedente e invitó a los representantes de la UAS a abandonar el Juzgado.
Yamir Valdéz insistió en que se respetara el amparo, pero el juez fue tajante y dio un receso de 10 minutos para que abandonarán el lugar.
Tras este episodio, Carlos Lorenzo Flores, abogado de Robespierre Lizárraga, le reiteró al juez de control que el tiempo que le había dado para imponerse a la carpeta de investigación era insuficiente, además que no había recibido la carpeta administrativa ni la copia de los videos de las audiencias anteriores, por lo que no estaba preparado para realizar una defensa adecuada.
Ante esta situación, el juez pidió que se nombrará un asesor público y se dio un receso para que estos arribarán a la sala de audiencia.
Los defensores públicos José Francisco Reyes, Daniel Enrique Valenzuela, Yaritza Fabiola Machado y Dagoberto Valdéz arribaron a la sala, lo que causó controversia y un debate entre universitarios y los nuevos abogados públicos, al considerar que habían sido impuestos.
Tras la reanudación de la audiencia, los abogados públicos informaron al juez que no estaban adaptados a la carpeta, ya que la habían recibido apenas el 8 de febrero, y pidieron una prórroga para adaptarse a la carpeta.
Por esta situación, el Juez advirtió a los defensores públicos que de volverse a presentar sin estar preparados serán multados con mil días de multa, y programó una audiencia para el 16 de febrero, para que Lizárraga Otero nombre a otro abogado particular y en esa misma audiencia se definirá la fecha para esta audiencia.
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